Editorial del MRS del departamento de Carazo
Todo parece indicar que en el campamento del orteguismo la decisión está tomada: habrá candidatura por sexta vez y aspiración a la tercera reelección presidencial, Si o Si, independientemente que estas vayan cuesta arriba, mal enganchadas y a como sea, en el lomo de la ilegalidad. No se vislumbra entre la gente de esta agrupación, la sensatez necesaria y la reflexión suficiente que conlleve a respetar el orden establecido por las leyes y más aun, por nuestra Constitución Política, que establece un doble candado a las pretensiones del presidente Ortega de aspirar a un tercer mandato y segundo consecutivo.
El rosario de ilegalidades cometidas inició a los pocos días de su toma de posesión, al convertir a todas las dependencias gubernamentales en reductos del partido de gobierno, en abierto desafío a las regulaciones establecidas para este tema. Continuó con otra peor aún, al establecer en su casa de habitación y sede principal de su partido, la Casa de Gobierno.
Nuevamente, no solo se burló de las leyes, sino además de los principios y valores sandinistas que dice sustentar, colocándose en la posición del clásico bandolero asalta bancos de las viejas películas de vaqueros, al privatizar para sí mismo y a través de las empresas del ALBA la cooperación venezolana que incluía el acuerdo petrolero. No contento con esto, también privatizó para sus empresas las plantas eléctricas donadas por Venezuela y Taiwán, en una operación que dejaría pálidos a todos los Somozas juntos y al caudillo de la facción arnoldista del PLC, sindicado como el gobernante más corrupto de la historia nuestra. Esta privatización ha dejado a la cúpula orteguista en sus cuatro años de gobierno, ganancias no menores de 1,500 Millones de Dólares, según estimaciones muy conservadoras del congreso venezolano.
La siguiente estación del largo camino de ilegalidades recorridas fue el atraco en las elecciones municipales del 2008, que les permitió agenciarse mediante el fraude electoral más documentado de la historia, con 105 de las 146 alcaldías en disputa, las que han sido convertidas en plataformas electorales de la anunciada campaña electoral de Ortega en este año. Presupuesto, vehículos, combustible, activistas partidarios emplantillados como empleados fantasmas, en fin, todo a disposición del partido para asegurar la victoria del 6 de Noviembre próximo.
Un nuevo eslabón se unió a la larga cadena de ilegalidades y fue la Sentencia 504 de Octubre del 2009, en el que una Sala Constitucional mal conformada autorizó la reelección del presidente Daniel Ortega y ordenó al Consejo Supremo Electoral habilitarlo para volver a postularse en este año, lo que constituía de hecho una ilegal, ilícita e inexistente reforma parcial a la Constitución Política en su Artículo 147, ya que la Asamblea Nacional es la única permitida para hacerlo.
Luego, en Enero del año pasado Ortega emitió el ilegal Decreto Presidencial 03 – 2010, en el que prorroga en sus cargos a los magistrados y funcionarios de las instituciones del Estado a quienes se les vencieron sus períodos. Un decreto inconstitucional a todas luces, ya que esa es una atribución exclusiva de la Asamblea Nacional, de acuerdo al Artículo 138 de la Constitución Política.
Siguió después la resurrección de la segunda parte del Artículo 201 de la Constitución Política de 1987, artículo transitorio, extinto e inaplicable con el que pretendía dejar en firme el ya famoso “Decretazo” y garantizar que los funcionarios a quienes se les vencieron sus períodos continuaran en los mismos, toda vez que la inmensa mayoría de ellos son fieles subordinados, arnoldistas incluidos, a la voluntad del caudillo orteguista.
Posteriormente nombró como diputado en el parlamento, nuevamente de manera ilegal, al ex Vicepresidente nombrado por la Asamblea Nacional Alfredo Gómez Urcuyo, luego de la renuncia en el 2005, del ex Vicepresidente electo Dr. José Rizo Castellón. En esta misma operación, devolvió la personería jurídica al Partido Conservador y la curul a Alejandro Bolaños Davis, no así la del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, ambas arrebatadas de manera ilegal.
Nuevamente se cubrió con el manto de la ilegalidad y en el colmo de la desfachatez, ordenó la publicación en La Gaceta, Diario Oficial del Estado nicaragüense, la versión orteguiana de la Constitución, que incluye la segunda parte del también famoso Artículo 201, en otra ilegal reforma parcial a la Constitución Política y que ha sido conocida como “El Gacetazo”.
2011 despunta con la desesperación del orteguismo, al conformar una ilegal, espuria y por demás irregular Corte Plena, con solamente magistrados del partido rojinegro y rellenada sospechosamente con conjueces, en la que pretenden legalizar las aspiraciones reeleccionistas del presidente Ortega mediante un fallo, que por increíble que parezca, declara inconstitucional a la mismísima Constitución Política.
Pareciera ser que en nuestro país la única ley que nos rige es la ley de la selva, la ley del más fuerte y que vivimos en un país de forajidos en el que el primer ciudadano, el presidente Ortega, quien debiera ser ejemplo de respeto a las leyes y a la Constitución, es quien está más empecinado en convertirse en un individuo al margen de la ley, violándolas a diestra y siniestra.
Las ilegalidades al amparo del poder se han venido sucediendo con una cotidianidad que pasma a moros y cristianos. Con la cabeza como trofeo de unos empresarios timoratos y sumisos, se pretende ahora ir contra corriente llamando a un congreso partidista, de un partido que existe solo en la mente de los eternos nostálgicos de epopeyas idas, para tratar de legitimar ante su propia base la sarta de ilegalidades hechas hasta ahora. Sin embargo la realidad es que lo que empezó mal terminará mal. Al final, se puede engañar a todos un tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo.
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